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Los Archivos de la represión son una ventana a las formas de represión estatal. Nos permiten ver no sólo cómo el Estado vigiló ilegalmente a opositores/as políticos/as en el campo y la ciudad, cómo llevó a cabo detenciones ilegales, “interrogatorios” (tortura sistemática) y desapariciones forzadas, sino también cómo esta vigilancia se extendió a los familiares de las personas desaparecidas y a quienes luchaban por su presentación.

Por: Marisol Vázquez Llamas y María De Vecchi Gerli (@maria_devecchi)

México tiene una deuda histórica en términos de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por el Estado durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta. A pesar de que ha habido estrategias gubernamentales como el informe 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la sociedad mexicana sigue sin saber qué pasó en esos años. cuántas personas fueron detenidas, cuántas fueron y siguen desaparecidas, quiénes son estas personas, quiénes son los responsables y en qué contexto histórico fue posible que esto sucediera. La impunidad total de los crímenes de esos años ha sido un cheque en blanco que nos ha llevado a la crisis de derechos humanos que vivimos hoy.

Los archivos del poder, aquellos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), han pasado por diversas etapas de apertura y clausura/cierre. A la fecha y desde 2015, sólo es posible acceder a los archivos a través de solicitudes de información. Así, el Estado mexicano incumple con sus obligaciones de transparencia y de garantizar el derecho de la sociedad a saber la verdad sobre graves violaciones a derechos humanos…